Hoy, domingo 29 de julio de 2012, voy a hablar de la Justicia en nuestro país. Aunque antes debo mencionar una encuesta que ha sido publicada hoy por el diario El País. Los resultados obtenidos le otorgan al PP el 30% de los votos, el PSOE obtendría el 24,7%, IU se situaría en el 12,3% de los votos y UPyD subiría al 9,9%. Unos resultados, a mi juicio, no muy realistas. El 30% que obtendría el PP puede haber surgido del efecto recortes de hace unas semanas, pero el PP hoy en día estaría en torno al 35%. El resto de partidos obtendrían algo similar a lo indicado en la encuesta, pues entre estos cuatro partidos, de forma orientativa, deben sumar el 85% del total.
Ahora si, comenzamos con la Justicia en España.
Nuestra Constitución de 1978 recoge que la separación de poderes en nuestro país (legislativo en las Cortes, ejecutivo en el Gobierno y judicial en los Tribunales). Si bien, cualquier ciudadano que atienda al funcionamiento en la realidad se quedará perplejo, pues realmente la Justicia en nuestro país no es independiente.
Los ejemplos más claros de esta intervención del poder político (especialmente de PP y PSOE) en la Justicia son la elección de los magistrados de los Tribunales más importantes de nuestro país, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, por el poder legislativo (Cortes), por el poder ejecutivo (Gobierno) e incluso, por las CCAA. Consecuentemente, aunque en la teoría se pudiese pensar que se llevaría a cabo una buena práctica, la realidad se encuentra lejos. El espectáculo que vemos en España cada legislatura, es la alternancia de jueces en los Tribunales en función del poder de cada partido (PP o PSOE), imponiendo el vencedor en las urnas su jueces afines.
Otro ejemplo sangrante es el Fiscal General del Estado. El Fiscal es escogido por el Gobierno de turno y es por eso que éste realmente investiga lo que a cada Gobierno le interesa. Sólo hay que revisar la hemeroteca de la anterior legislatura y ver a Conde Pumpido (escogido por el PSOE), exponente de Justicia al servicio del poder político.
Este sistema de intervención en la Justicia, provoca que veamos como se habla en nuestro país de "Jueces progresistas" o "Jueces conservadores", perdiendo su independencia. Es, además, un sistema que termina llevando a la corrupción, pues muchas posiciones de los jueces estarán condicionadas por favores políticos al partido de turno.
Ante esta situación, los españoles debemos exigir la independencia de nuestra Justicia. Necesitamos una reforma que garantice que al frente de nuestros órganos y tribunales se encuentren profesionales de la justicia escogidos por sus méritos y no personas afines al partido de turno. Tiene que reformase la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta ahora intervenido. Y una vez exista independencia en este órgano, debe ser éste el que escoja por sus méritos a lo largo de su carrera profesional a los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Lo mismo debemos exigir que suceda con los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
El primer paso para construir una sólida Democracia en España, es garantizar la independencia de los tres poderes. Este objetivo sólo se conseguirá con el compromiso de cada uno de los ciudadanos, que mediante sus pacíficas exigencias obliguen a nuestros representantes a garantizar que no sólo exista distinción de poderes, sino separación real de poderes.