Hoy el tema que voy a tratar, como consecuencia de la sonada destitución de la periodista Ana Pastor, presentadora en TVE, es la intromisión de la política en la televisión pública española. Otro de los ámbitos que el poder político, en su perfecta alternancia, ha conseguido controlar. Dentro de poco controlarán las asociaciones de limpieza del hogar.
Desde siempre todos hemos asumido que las televisiones públicas, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, van a favorecer al partido político que gobierne en esa Administración. Así, los ciudadanos hemos permitido que la objetividad, y consecuentemente el sentido común, brillasen por su ausencia.
El sábado 4 de agosto de 2012 se conocía la noticia sobre la presentadora Ana Pastor. Twitter ardía. Comentarios en favor o en contra. Sólo nos queda La Sexta decían unos. La despiden por el mismo motivo que la contrataron comentaban otros. La realidad es que Ana Pastor, esa periodista que las dos Españas odian o quieren, se presentó en su día a las oposiciones a TVE y no consiguió plaza. Ergo yo me pregunto, ¿cuáles fueron las motivaciones de quienes la contrataron en su día?. La respuesta es sencilla. Se la contrató por ser una periodista acorde a los que gobernaban en su día. Ahora, como ya no gobiernan los mismos es despedida. Este es el problema de valorar más el rédito político que se puede obtener que la profesionalidad de una persona.
Por tanto, yo ni me alegro ni me enfado ante la pérdida de Ana Pastor en TVE pues para mi no es más que otro de los elementos que el poder político ha usado y usa para obtener su propio beneficio. Antes era la izquierda socialista del PSOE, ahora la derecha conservadora del PP.
Lo más gracioso, rozando lo doloroso, es la hipocresía de los simpatizantes o militantes de uno y otro lado. La doble vara de medir que se dice. Cuando las destituciones las llevó a cabo el PSOE, unos callaban y los otros ponían el grito en el cielo. Ahora sucede exactamente lo contrario. Este ejemplo que hemos visto ahora en TVE también sucede en cada cambio de Gobierno en las Comunidades Autónomas.
Los ciudadanos debemos exigir información veraz, objetiva y profesionalidad en los servicios públicos que ofrece la Administración, como son las cadenas de televisión o radio. Los Consejos que administran los diferentes medios deben estar libres de participación política, como así ha exigido UPyD.
Sin embargo, si tiramos del hilo hacia atrás nos daremos cuenta de que este ejemplo de los medios de comunicación públicos no es más que la punta del iceberg. En España, la mayor parte de los ámbitos están controlados por un poder político que, ineficaz para su gestión, ha querido ser dueño de todo con la vista siempre puesta en unas próximas elecciones. El resultado ha sido la ruina. Sólo debemos mirar hacia las Cajas de Ahorros, máximo exponente de este delirio.
La solución pasa por buscar la autonomía e independencia de los diferentes órganos, dirigidos por especialistas y profesionales que hagan de su gestión un servicio al ciudadano y no un servicio al partido.
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