Voy a comenzar a escribir una serie entradas relacionadas con algunas de las reformas que considero que necesita nuestro país.
Hoy, miércoles 4 de julio de 2012, he decidido empezar por lo que, a mi juicio, lastrará cualquier intento de reforma en España. Me refiero a la Administración.
Hasta la llegada de la Democracia, España contaba con una Administración local, una Administración provincial y una Administración nacional. A partir de 1978, con el ingenuo objetivo de saciar las ansias soberanas de nacionalistas catalanes y vascos, se creó en España una Administración regional, las conocidas como Comunidades Autónomas. Y a partir de 1986, con la entrada en la Unión Europea, se fue creando la Administración europea o comunitaria.
La desproporción de estas administraciones se vio acentuada a partir de 1995 con el "boom" de la economía española, basada en el ladrillo y el turismo. Partidos políticos colocaron por las diferentes administraciones a personas afines y a "conocidos de", "amigos de" o por "favores a" usando en muchos casos el método de las denominadas "libres designaciones", lo que viene siendo de toda la vida "enchufes". Además, en muchas ocasiones, las competencias de las que se hacía cargo cada Administración no estaban claras, surgiendo enfrentamientos políticos entre ellas en caso de no ser del mismo partido. Paralelamente, la falta de mayoría absoluta de los dos grandes partidos en el Parlamento supuso la transferencia, primero a las regiones con nacionalismos y posteriormente al resto por imitación, de una gran cantidad de competencias.
Con todo, encontramos una Administración al servicio de intereses políticos, ineficiente y en muchos casos dirigida por personas de dudosa capacidad. La región de Galicia tiene más ayuntamientos que todo Portugal. Según algunos expertos, en España de los 8117 ayuntamientos que tenemos podrían quedar alrededor de 2500 si se fusionan atendiendo a criterios de eficiencia. Tenemos unas Diputaciones que se han convertido en el máximo exponente del "enchufismo", de la corrupción y de la ineficacia. Casos como el de la Diputación de Castellón (PP) hieren a cualquier ciudadano. Lo peor es que no es sólo un caso aislado, es que está generalizado. Luego tenemos a la Administración regional (Autonomías) cuyo objetivo inicial de acercar la Administración a la sociedad ha sido sustituido, en muchas ocasiones, por un uso electoralista, de despilfarro y no consecuente con la realidad nacional. Llena de líderes de discutida capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos, hoy se presentan como el gran lastre para la recuperación de España pues son las culpables de la mayor parte del déficit de nuestro país entre otros.
Esta Administración que han creado en España viola, como mínimo, el principio de igualdad recogido en nuestra Constitución de 1978, pues no todos tenemos los mismo derechos dependiendo de la región del país en la que vivamos. Con la Sanidad o la Justicia transferida, hemos conseguido que en unos lugares de España se ofrezca menos que en otros, dependiendo de lo que haya decidido cubrir cada Gobierno regional. Lo más grave de esto no se produce en Sanidad o Justicia, se produce en Educación, el futuro. Pues los contenidos varían entre cada región, no se exige el mismo nivel dependiendo de la zona y no hay un control para asegurar que en todos los centros se cumple lo exigido. Son los docentes los que con su profesionalidad aseguran en muchos casos que esto no sea ya un desmadre. Las consecuencias son claras. Somos el país con mayor abandono escolar, nuestra Educación está entre las últimas de Europa según el informe PISA, etc.
La solución a este problema pasa por la regeneración. Es necesaria una reforma total de la Administración, para lo que se precisa una reforma de la Constitución. Se tienen que fusionar ayuntamientos. Tienen que desaparecer las anacrónicas Diputaciones. La Administración regional debe ser re-fundada tras un previo estudio, adquiriendo sólo aquellas competencias que sea más eficiente su gestión desde éstas. Sería una Administración regional con poder ejecutivo pero el poder legislativo debería quedar restringido al Congreso y en función de éste, ese gobiernos regionales actuar en las tareas que les han sido asignadas. En lo relacionado a las competencias, quizás algunas debieran ser adquiridas por unos nuevos ayuntamientos de mayor tamaño y las más importantes (Educación, Justicia, Sanidad, etc.) recuperadas por una Administración nacional que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos españoles.
La Administración debe estar al servicio de la sociedad y no al servicio de los partidos políticos y allegados. Tiene que pasar de ser un lastre para el avance de España a ser un complemento que ayude a nuestro desarrollo.
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